La respuesta del gobierno de la Ciudad del Cabo a las ocupaciones de tierra está erosionando aún más la débil relación entre movimientos sociales y la municipalidad local. Se necesita urgentemente un cambio de enfoque.

para Nick Budlender

El contexto

La Ciudad del Cabo es una de la ciudades más desiguales del mundo. El legado duradero tanto del colonialismo como del apartheid está inscrito en cada aspecto de la vida diaria. El acceso a seguridad, empleo, educación, salud y vivienda está todavía en gran medida determinado según características raciales. Una minoría rica y predominantemente blanca vive en áreas bien localizadas con buen acceso a empleos y servicios, mientras la mayoría negra pobre y trabajadora está forzada a vivir en asentamientos con pocos servicios en la periferia. No ha habido grandes avances en revertir esta segregación y exclusión, y muchas/os residentes gastan más de un tercio de sus ingresos y una cantidad significativa de su tiempo en trasladarse dentro y fuera de áreas de oportunidades económicas.

El gobierno de Ciudad del Cabo —esfera en gran parte responsable por la provisión de vivienda— ha construido menos de 10,000 unidades por año durante la última década. En 2018-2019 el gobierno municipal sólo ofreció 5,682 oportunidades de vivienda. Al mismo tiempo, el rezago total estimado para la ciudad es de 350,000 viviendas, lo que significa que alrededor de un tercio de todos los hogares viven en asentamientos informales, chozas en patios traseros u otras condiciones inaceptables de alojamiento. En pocas palabras, la crisis de vivienda crece en escala e intensidad año tras año.

Este contexto es crucial para cualquier discusión sobre la ocupación de tierras en la ciudad. Cuando a la mayoría de la población se le niega brutal y sistemáticamente acceso a tierra y vivienda, es natural que la gente tome el asunto en sus propias manos. De hecho, la ocupación ilegal de tierra tanto privada como pública ha sido una característica de la urbanización en Sudáfrica por cientos de años. Después de todo, toda persona necesita un hogar.

Marcha Tierra para Vivir en el Día de los Derechos Humanos, marzo 2018. Organizada por la Coalición por la Justicia Social, Reclama la Ciudad, el Comité del Distrito Seis y Ndifuna Ukwazi.

Las severas dificultades económicas desatadas por el COVID-19 y las cuarentenas asociadas han empobrecido aún más a millones de sudafricanas/os y han agravado las consecuencias del fracaso más amplio del sistema de vivienda en Ciudad del Cabo. De acuerdo con datos recolectados durante el Estudio nacional de las dinámicas de ingreso-Encuesta rápida móvil del coronavirus, hasta el momento se han perdido alrededor de tres millones de empleos, lo que ha exacerbado el ya excepcionalmente alto índice de desempleo del país que ronda el 30%. Como en muchos países alrededor del mundo, no se ha ofrecido ningún apoyo a las/os inquilinas/os de los sectores formales o informales, lo que ha significado que mucha gente se haya visto forzada a dejar sus hogares a pesar de la moratoria oficial sobre desalojos. El resultado es un número creciente de personas en desesperada necesidad de acceso a tierra y vivienda —y, por lo tanto, un notable incremento en la escala de las ocupaciones.

Desafortunadamente, en su mayor parte la respuesta desde el gobierno de Ciudad del Cabo no ha reconocido la realidad económica prevaleciente y las decisiones difíciles que enfrentan muchas/os residentes. En lugar de comprender las causas profundas del aumento de las ocupaciones, la ciudad ha insistido en su enfoque previo de criminalización y ataque a las/os ocupantes —tanto física como discursivamente.

Es importante evitar presentar una imagen homogénea de todas las ocupaciones. Algunas están altamente organizadas y explícitamente vinculadas a movimientos políticos, mientras que otras tienen lugar de manera más espontánea y circunstancial. En cualquier caso, la respuesta del estado se mantiene bastante consistente, e indica un quiebre en el entendimiento entre las/os residentes de Ciudad del Cabo y las personas e instituciones que deberían estar a su servicio.

 

Desalojos y violencia

Movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, tales como la Coalición por la Justicia Social y la Red de Acción Comunitaria Khayelitsha han criticado desde hace tiempo el enfoque utilizado hacia los grandes asentamientos informales en Ciudad del Cabo. Se han lanzado numerosos casos legales para resaltar la naturaleza desigual en la provisión de servicios, considerando las demandas de sus residentes en relación a saneamiento adecuado, mejoramiento del alumbrado público y una distribución más equitativa de los recursos de seguridad. Hay también una historia larga de protesta y litigio en relación a la provisión de vivienda y los desalojos.

Desalojos y demoliciones en Makhaza, Khayelitsha.

Más recientemente, surgió un video en el que Bulelani Qolani era arrastrado desnudo de su hogar por la unidad de seguridad de la ciudad —la cual luego demolió la estructura. El video desató indignación a nivel nacional, tanto por su naturaleza como por el hecho que el desalojo fue llevado adelante a pesar de la moratoria sobre desalojos activa en todo el país. En documentos presentados en las cortes, la ciudad argumentó que el hogar estaba desocupado y que por lo tanto el desalojo fue legal. A pesar de que el gobierno de la ciudad haya finalmente perdido el caso, el desalojo del señor Qolani resalta el rápido escalamiento de la violencia municipal hacia las ocupaciones. En este sentido, Ciudad del Cabo dista de ser única y se han presentado transgresiones gubernamentales similares a la moratoria de desalojos a lo largo y ancho de Sudáfrica.

Pero lo que quizás es único en relación a Ciudad del Cabo son los vastos recursos públicos que han sido invertidos en la militarización de la acción policial municipal. Otras municipalidades en general contratan compañías de seguridad privadas para llevar adelante desalojos y demoliciones. La policía metropolitana de Ciudad del Cabo debería estar dedicada a las violaciones de la ley y el tráfico. Sin embargo, las inversiones significativas en municiones, vehículos blindados y personal transforman sus operaciones en una especie de milicia municipal. La policía metropolitana ha sido acusada de multar, molestar y detener a personas viviendo en la calle en el centro de la ciudad, y ha sido llevada a las cortes en repetidas ocasiones por desalojos ilegales en los asentamientos informales. En lugar de atender las causas de la tensión social, la ciudad las está exacerbando considerablemente.

 

El poder del discurso

El gobierno de Ciudad del Cabo no sólo enfrenta las ocupaciones de tierra físicamente a través de los desalojos y legalmente a través de las cortes, sino también simbólicamente a través del uso del discurso. Los políticos presentan una y otra vez las ocupaciones como irracionales, ilegales, invasoras, peligrosas y criminales. De manera similar, la municipalidad a menudo enfatiza que tiene un enfoque de “tolerancia cero” a las ocupaciones, y lanza comunicados de prensa celebrando la destrucción de vivienda ilegales. Adicionalmente, las y los ocupantes son regularmente acusados de “saltarse la fila” para la asignación de vivienda formal, posicionándoles como oportunistas que sólo piensan en sus intereses. Estas representaciones son importantes y juegan un papel crucial en la estrategia del gobierno de la ciudad. No hay reconocimiento oficial del hecho que la ocupación de tierra es una respuesta a escala nacional al rezago habitacional en aumento, inadecuadas condiciones de vida, desigualdad espacial rampante y limitada capacidad del estado. En lugar de eso, las y los ocupantes son presentados como criminales a los que debe tratarse con mano dura.

La representación es crucial porque afecta cómo la gente percibe la seguridad de tenencia. Tal y como las/os expertas/os de la vivienda y los asentamientos informales han reconocido desde hace tiempo, la seguridad percibida de la tenencia tiene impactos materiales. La gente que se siente insegura muy probablemente no invertirá tiempo y recursos en mejorar sus viviendas o el acceso a agua, saneamiento y electricidad. La amenaza constante de desalojos causa por lo tanto no sólo daño psicológico sino que también impide que la gente mejore sus hogares y barrios. Esa misma amenaza también erosiona la cada vez más dañada relación entre las/os residentes y el gobierno municipal.

 

Vigilancia y demonización de los movimientos sociales

A pesar del hecho que muchas no están vinculadas a una agenda política explícita, el gobierno de la ciudad a menudo reclama que el aumento en las ocupaciones de tierra es resultado de movimientos sociales oportunistas y partidos políticos con motivaciones siniestras. No se ha producido ninguna evidencia para sustentar esta afirmación, aunque ha aumentado la vigilancia a las/los activistas de vivienda. El gobierno de la ciudad ha confirmado hace poco lo que las/los activistas de vivienda han sabido por años —que están espiando a los movimientos y sus líderes. Una vez más, tal actitud sólo ha servido para incrementar la tensión y el daño en la relación entre movimientos y autoridades. Mientras que en el pasado organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales han estado ocasionalmente involucrados en procesos de participación, la confianza mutua subyacente se ha perdido. Como resultado, la democracia local sufre.

 

Conclusión

La municipalidad está obligada a manejar el uso del suelo y los patrones de asentamiento con el fin de asegurar que se cumpla con los estándares de salud pública, que la infraestructura no esté sobrecargada y que las tensiones sociales no se agraven. Esta es una tarea difícil y se complica aún más por la frecuencia de las ocupaciones de tierra. Sin embargo, no se logrará una ciudad eficiente y equitativa a través de desalojos e intimidaciones. Al contrario, se necesita poner más énfasis en aprovechar la creatividad e innovación de la gente que se organiza colectivamente y construye sus propias casas. En lugar de castigar a las personas que viven informalmente, el gobierno necesita aprender de sus estrategias. La democracia municipal en Ciudad del Cabo ya es rígida y está constreñida en muchos sentidos, por lo que la falla en entender o simpatizar con las y los ocupantes cierra aún más el espacio de colaboración.

La historia de Ciudad del Cabo sugiere que hay poca esperanza en que los partidos políticos tradicionales pongan fin a esta crisis de vivienda o exploren enfoques radicalmente diferentes para responder a los derechos humanos básicos. Tomando inspiración de movimientos de otros lugares, ha habido algunas discusiones iniciales de cuál sería el potencial de promover candidaturas independientes y construir sistemas alternativos de gobernanza comunitaria. Por ahora está claro que sólo nuevas estrategias radicales, que cambien la relación fundamental entre el gobierno de la ciudad y todas/os sus habitantes —sin importar la raza—, serán capaces de hacer frente a la severa crisis de vivienda en Ciudad del Cabo.

Nick Budlender es investigador y activista político, originario de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Su trabajo está enfocado principalmente en asuntos de vivienda y gobernanza urbana.

Créditos de todas las fotos: Zacharia Mashele.

Traducción: Lorena Zárate, 9 de marzo de 2021