Por Francisco Domínguez
El presidente electo Gabriel Boric es una prueba más del cambio en Chile. Ya sin miedo, una nueva generación -con ayuda de las anteriores- salió a las calles el 19 de octubre de 2019 para recuperar los derechos que la dictadura de Pinochet había despojado. En la semana en que se cumplieron dos años del ‘estallido social’, entrevistamos a Érika Martínez, de la comuna de San Miguel (urbana), y a Lorena Olavarría, de la comuna de Melipilla (rural), para conocer sus perspectivas. Ambas son jóvenes alcaldesas recientemente elegidas en la Región Metropolitana de Santiago, que comprende el 40% de la población total del país en 52 comunas. Pertenecientes al mismo partido político que Boric, Convergencia Social, y luego a la misma coalición, Apruebo Dignidad, sus reflexiones revelan una continuidad entre las movilizaciones masivas y la reforma institucional en curso. Las comunas intrépidas reescriben su Constitución feminizando la política y proliferando espacios democráticos radicales.
Francisco Domínguez: Para comenzar, ¿podrían contarnos un poco sobre sus trayectorias?
Lorena Olavarría: En mi caso, llevo en Convergencia Social (CS) desde la fundación. Todo el activismo político previo que empecé en el 2009, a mis 19 años, a propósito de las elecciones presidenciales de ese entonces, me impactó y dije: ‘Aquí hay que participar y ser parte de las transformaciones’. No colaboré tanto en el movimiento estudiantil de 2006 y 2011 por timidez, pero, poco a poco, ese deseo se articuló en el territorio a través del trabajo cultural y medioambiental. Así fui alimentando este compromiso más allá, de hacerme parte de: no sólo como oyente, sino de ir poniendo temas sobre la mesa. Decidí que había que incidir políticamente, criticando ya sea el robo, la corrupción, el abandono o -sobre todo- la falta de cariño en la política.
Érika Martínez: Bueno, yo tengo una historia un poco más larga. Aunque llevo militando desde los 19 años también, en realidad toda mi vida he estado metida en política. Mi madre y padre eran alumnos de la Universidad Técnica del Estado. Los dos salieron el 12 de septiembre, al día siguiente del golpe militar, convirtiéndose en prisioneros políticos al Estadio Nacional. Fueron torturados, y desde ahí ellos comienzan una carrera de lucha clandestina en contra de la dictadura. Yo tengo recuerdos de juegos corriendo por pasillos blancos, pero ahora sé que no era un juego. Oía a mis tíos gritar: ‘¡Corre, corre! ¡Vamos, jugamos!’. Y no, era que la policía estaba allanando la Vicaría de la Solidaridad. Desde ahí empezó mi conexión con la política, la reivindicación y el término de la dictadura.
Entré a la universidad con una convicción profunda de que quería hacer algo más allá. En 2002, entré a las Juventudes Comunistas y en 2004, por primera vez, fui candidata a la Alcaldía de la comuna de San Miguel, de la cual hoy soy alcaldesa. Empecé a trabajar más estrechamente con centros culturales y organizaciones sociales. En el 2008 fui candidata a concejala, faltándome poquito para ganar, y finalmente en el 2012 fui electa. Ya era militante del Partido Comunista (PC), pero en 2016 empiezo a tener problemas con él debido a su arraigado patriarcado. Ese mismo año fui reelecta a concejala, renunciando al PC a principios del próximo. Aquello fue difícil, pues soy profundamente marxista; me declaro marxista. Cuando llevaba un tiempo fuera de la militancia política, empecé a hablar en mi distrito con la diputada Gael Yeomans, que era de Izquierda Libertaria, uno de los partidos que crea CS. Me invitó a formar parte de esta construcción de un nuevo partido que sirviera como herramienta de transformación social. De ocho candidatos a la Alcaldía, yo era la única mujer. Y fui la electa para CS.
FD: Creo que cualquiera que nos lea, esté donde esté, habrá oído de las emblemáticas protestas chilenas gracias a Las Tesis y manifestaciones afines. ¿Cómo te ha transformado el feminismo y cómo está revolucionando Chile?
LO: El feminismo generó una conciencia colectiva inesperada para mí. Siempre tuve compañeras comprometidas, con ese fuego interno, pero aun así, el feminismo me sacudió como un terremoto. Una entra en un proceso de cuestionamiento interminable de cómo hace o no hace las cosas. Estoy convencida que el feminismo ha fortalecido el tejido social, ese espacio de formación, colaboración, horizontalidad y conciencia. También significa querer participar en espacios políticos que han sido históricamente masculinizados, machistas, verticales y violentos. Abrir esas puertas ha tomado décadas. Somos nosotras quienes -por fin- estamos poniendo en práctica un trabajo que otras muchas compañeras habían desarrollado durante mucho tiempo. Un propósito de CS es asumir mayor protagonismo en la disputa de estos espacios que, como feministas, exigimos.
FD: En sus opiniones, ¿quiénes desempeñaron papeles fundamentales durante el estallido de 2019, y cómo lo vivieron ustedes?
EM: En 2019 explota algo que se había ido construyendo durante un largo tiempo. La dictadura termina, pero empieza un gobierno de Concertación que transa con la derecha y deja muchas cosas amarradas, entre ellas, el sistema binominal. Se luchó muchos años por romper eso, lográndolo por primera vez en 2008. Los movimientos populares, los partidos políticos más de izquierda empezamos a entrar al Congreso en 2011. Diputados como Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Karol Cariola y Gabriel Boric aportaron cierta articulación política a las demandas sociales. Aun así no se alcanzan soluciones reales a los múltiples conflictos que había en el país. La educación no es gratis; hay salud para ricos y salud para pobres; no hay derecho a la ciudad.
La apertura del movimiento político feminista hace que lleguemos al 19 de octubre, que es cuando la ciudadanía se enoja. El gobierno les intimida subiendo las tarifas del metro, afirmando: ‘No, pero levántese más temprano; si más temprano, más barato’. La soberbia de las autoridades genera una explosión del malestar ciudadano. Empiezo ese día en mi casa y termino en la comisaría protegiendo a compañeras, algunas menores de edad, que son vejadas allí. Fui testigo en el juicio, y como municipio participamos en la demanda. De hecho, me tocó vivir eso dentro de la comisaría defendiendo a las compañeras que habían sido detenidas.
LO: Literal, literal, dos semanas antes de ese día, como bien decía Érika, hubo un alza de 30 pesos en el transporte público. Y fueron las compañeras de secundaria quienes saltaron los torniquetes, cuya táctica marca un antes y un después. Teniendo en cuenta una larga historia de lucha creo que los protagonistas son los movimientos feminista, estudiantil y ambientalista. Si bien en el retorno de la democracia existía una izquierda más conformista, siempre existió una izquierda crítica que esperaba esa alegría prometida. Esta herencia cultural y política se transmitió a las nuevas generaciones en distintas formas. Vemos en 2006, la Revolución Pingüina; en 2011, la movilización universitaria; en 2018, el mayo feminista donde se dieron tomas en muchas universidades por acusaciones de abuso, acoso y un sinfín de denuncias. Por lo tanto, estos hechos marcan, y el último sirve como antesala, al estallido.
Si bien participé en las protestas -haciendo conversatorio y generando redes de colaboración y protección a los derechos humanos-, fui súper cauta. Puedo ser criticada, pero yo sentía que era tan grande lo que estaba pasando, que me forzó a cuidarme, a no exponerme tanto. Participé en las marchas, pero yo conectaba más hacia adentro, repitiéndome: ‘Se viene algo grande’. Cuidé a esa energía y, efectivamente, eso fue lo que sucedió.
FD: Una semana antes del estallido hubo una reunión en Quilpué en la que se habló de la relevancia centenaria de los cabildos en la vida pública, luego resurgieron. ¿Para qué sirvieron los cabildos?
EM: Mi victoria electoral responde, creo yo, a que después del 18 de octubre yo tuve un rol súper articulador en lo que fue la Asamblea Territorial en San Miguel, y al calor de la misma generamos cabildos temáticos y transversales. Muchísima gente se juntaba en las plazas para conversar, dar su opinión, o manifestar su enojo, rabia e impotencia por el sistema político. Fue un proceso súper lindo, porque los vecinos salieron de sus casas a hablar y escucharse en una época en la que cuesta mucho entender los diferentes puntos de vista y llegar a un acuerdo. Los cabildos lograron eso muy desde la calle y el corazón, desde la rabia y la necesidad del cambio. La pandemia mató un poco esos procesos, pero se siguieron trabajando, incluso a través de Zoom y programas de radio. En un momento dado, éramos tantos los que queríamos participar en la asamblea que tuvimos que dividirla en seis territorios, cada uno de los cuales organizó colectivamente sus propias asambleas.
LO: Los cabildos autoconvocados que se realizaron en el marco de la revuelta popular generaron espacios de diálogo sobre qué hacemos con esto que estamos sintiendo y pensando. Vemos que todo está mal, que no está funcionando o que funciona para un grupo muy chiquitito. Seguimos teniendo problemas en salud, educación y vivienda: además, estaba toda la indignidad de la represión, a saber, los balines que impactaban en los ojos, la mutilación, los abusos. Todo eso se canalizó de manera muy positiva en los cabildos, porque también se abordaban en temáticas, por ejemplo, en el cabildo disidente cuyo espacio logró articular las comunidades de diversidades sexuales y de género.
Cuesta ese ejercicio. Durante muchos años fuimos por la vereda de criticar, de decir: ‘Esto está pésimo. ¡Cómo están gastando nuestras lucas!’ Pero estar ahora en la institución es intervenir constructivamente: ‘¿Cómo lo hacemos?’. Y ahí son claves las dinámicas de democracia directa, que si bien se perdieron en su momento, se recuperaron y nunca más se deben soltar.
FD: ¿Cómo se tradujo la energía en las calles y los cabildos a la hora de votar?
LO: Hemos hecho este análisis electoral-social respecto al estallido. Había ambigüedad interpretativa en relación al apruebo/rechazo, es decir, entre quienes sí queríamos una nueva Constitución y quienes no querían. Añade a eso una campaña de terror aún vigente, es fácil ver que quienes temen perder su privilegio se desesperan. No obstante, mañana, 25 de octubre, cumplimos un año del plebiscito en donde un amplio porcentaje aprobó la redacción de una nueva Constitución mediante una convención constituyente elegida. El hecho de que este proceso sea presidido por una mujer mapuche debe ser destacado: no sólo merece admiración, sino mayores acciones.
Quizás a Érika también le pasó, pero no teníamos certeza si íbamos a poder ganar los gobiernos locales o no, porque los análisis electorales previos a la revuelta social quedaron obsoletos. Va a pasar lo mismo en las presidenciales. Una participación juvenil sin precedentes fue el factor predominante tanto en el plebiscito como en las elecciones locales. El desafío es cómo logramos robustecer esta confianza.
En la Convención Constitucional nos estamos jugando el futuro de Chile e, incluso, Latinoamérica. Sin duda alguna, aquí se está fomentando un movimiento político a nivel regional que ya había iniciado Ecuador y otros países. Al nivel municipal estamos formalizando instancias de discusión en las que se aborden multitud de temas, para que la nueva Constitución tenga ese sentido de pertenencia.
FD: Érika, ya que nos contaste cómo dejaste el PC y te uniste a la CS, ¿qué crees que dice de la izquierda chilena que entre las candidaturas tanto de Jadue como de Boric destaquen los proyectos municipalistas?
EM: Nuestro modelo político nacional es muy estricto. El Estado no puede hacer muchas cosas que sí pueden hacer los municipios, como crear empresas, y Daniel Jadue descubre con astucia esas grietas; por ejemplo, las farmacias, ópticas e inmobiliarias populares de la comuna cuya alcaldía ostenta, Recoleta. Además, usamos algo que creó la dictadura y la Concertación para poder manejar dineros privados, que son las corporaciones municipales. Históricamente, han robado plata municipal a través de este mecanismo. Sin embargo, como son corporaciones de derecho privado, podemos -sin robar plata- utilizarlas en beneficio de la ciudadanía. Jadue es muy inteligente al hacer eso. Se posiciona como un alcalde que puede promover medidas revolucionarias en términos de políticas públicas impulsadas desde los municipios.
En el Frente Amplio entendemos que hay un movimiento de izquierda distinto, que nos obliga a aliarnos con otros partidos de izquierda para llegar al gobierno. Desde la creación de Apruebo Dignidad, entendemos que la alianza entre Frente Amplio y Chile Digno debía pasar por unas primarias donde todos daban por ganador a Daniel Jadue (de este último). Sin embargo, dos elementos decisivos favorecieron a Gabriel Boric: el Partido Comunista tiene una historia ruda y dura, y tiene cierta intransigencia dentro de su propio dogma interno. Jadue logra sobrepasar el rechazo al PC, pero también se crea una personalidad de él, con matices autoritarios; algo que Boric rompe. Plantea un modelo más horizontal e iniciativas mucho más democráticas, poniéndose a disposición de ser meramente la cara visible de una organización-articulación-alianza política transformativa. Así es que gana Boric.
FD: Ahora que están en el poder, ¿cómo resuelven el dilema entre dirigentes y dirigides?
LO: A mí me ha pasado mucho en Melipilla: las personas no están acostumbradas a ser dirigidas por mujeres. Es increíble el nivel de machismo y ‘mansplaining’. El Consejo Municipal de Melipilla está constituido exclusivamente por hombres, ocho hombres. Y todos quieren ser alcaldes. Es una constante disputa de poder que agota.
Nuestra visión de gestión municipal es feminista, o sea, es de acompañarnos. Porque finalmente también somos personas trabajando al servicio de las personas todo el día, todos los días. Y si la responsabilidad político-administrativa es vertical, todo recae sobre la alcaldesa. Yo soy la responsable de que eso se haga o no se haga; no el equipo ni la jefa de departamento ni el director, sino yo. Entonces, transformar esta estructura rígida en una dialogante, participativa y transparente es como usar aceite WD-40. Va a tomar tiempo, pero yo creo que hasta ahora ha generado aperturas, y la comunidad lo expresa. Lo sientes. Ahora voy y me atienden, me resuelven mis problemas. Me escuchan.
Cuando visitamos las zonas rurales o periféricas es como si nunca hubiera venido un alcalde acá. Así generamos un empoderamiento territorial, pero también calmamos las expectativas. Lo que queremos cambiar no nos va a tomar un día, nos va a tomar años. En cuatro meses no vamos a resolver lo que no hicieron en 30 años, pero estos pequeños gestos son el inicio. Ya estamos sembrando ese cambio.
EM: Me ha pasado lo mismo, salvo que en mi consejo son tres hombres de ocho; son mayoría mujeres, por lo menos. Pero igual los hombres quieren ser alcalde.
FD: ¿Qué relación ve entre los temas de seguridad y desigualdad territorial?
EM: Mira, la desigualdad territorial en Chile es espantosa, especialmente a nivel municipal, e incluso dentro del propio Gran Santiago. Te pongo como ejemplo mi comuna. Si le sacamos lo que se gasta en educación y salud tiene alrededor de 160 mil pesos por persona. En Las Condes o Vitacura, las comunas más ricas de este país, tienen alrededor de 1.200.000 pesos por persona, una cantidad 7,5 veces mayor. En el sur, Graneros tiene 53.000 pesos por persona.
LO: En mi comuna, al estar asignados como ruralidad, en salud tenemos aproximadamente 8.400 pesos per cápita, que es bajísimo.
EM: Gabriel Boric plantea que este presupuesto per cápita debe ser de al menos 300.000 pesos, porque si no, el municipio no podría gestionar trabajos. Además, el municipio no tiene suficientes recursos para todo lo que necesita hacer. Vive postulando a fondos del gobierno para poder aplicar dichos fondos en otros lugares, y si no tuviera plata para gestionar, no podría contratar profesionales para poder postular en primer lugar. Obviamente, en Vitacura pueden tener 60 autos de seguridad ciudadana porque el presupuesto les da para comprarlos. Pero hay comunas que no tenemos dinero para poder invertir en seguridad comunal.
La ley es clara: los carabineros son responsables de la seguridad. Pero los carabineros no dan abasto ni están distribuidos equitativamente en la población, sino que tienden a concentrarse en las comunas más ricas. La desigualdad aumenta a tal punto que la sociedad se segmenta, creándose una primera, segunda o tercera categoría según una fórmula tonta que determina cuánto dinero recibe su comuna. En vez de que las necesidades de la ciudadanía sean el factor primordial, las comunas reciben según la cantidad de dinero que puedan obtener de sus propios recursos. Somos 352 comunas en Chile, cada una con sus particularidades. No es justo que cualquier ciudadano en cualquier parte del país tenga menos derechos e inversión social por vivir en la comuna A o en la comuna B.
LO: Completamente. No hay justicia en cuanto al financiamiento municipal, y esto también afecta a la seguridad. Hay que replantearse la forma en que vemos la seguridad, y nosotros le hemos dado este tinte desde la seguridad humana porque creemos que la seguridad es integral. Si tú tienes una salud digna, donde te atienden bien y sin demora, eso también es seguridad. En la medida que una sienta que va a recibir una atención digna en cualquier servicio público, te vas a sentir segura. Si voy a poder estudiar o trabajar sin preocuparme de que, ‘Pucha, tengo que tener un pituto o lucas para eso’, me voy a sentir segura.
FD: Casi toda nuestra conversación giró en torno a la soberanía ciudadana. Antes de cerrar, ¿podría comentar sobre las personas de su comuna que no tienen la ciudadanía chilena, sobre todo las más marginadas?
LO: Acá participaba activamente hartos años en la Mesa Migrante Melipilla, donde confluíamos distintas organizaciones públicas. Eso en el tiempo se perdió, pero es algo que estamos retomando. Este próximo año queremos crear el Programa de Migración para fortalecer la tolerancia y el respeto, enfocándonos más a la multiculturalidad. Porque las fronteras las dibujaron quienes ambicionaban el poder para delimitar los derechos a ciertas personas. Todas las materias en migración, seguridad y desigualdad -que podríamos llamar justicia territorial– son prioritarias de nuestras gestiones. Son derechos humanos.
Foto principal: Bordado que hace referencia a las protestas chilenas de 2019. Origen: Facebook.